El año 2020 quedará grabado en la memoria colectiva como un punto de inflexión para la humanidad por los fuertes impactos vitales, económicos y culturales generados por la pandemia global. En lo que respecta a Colombia, el coronavirus incluso desplazó a la violencia, convirtiéndose en la primera causa de fallecimientos (La república, 2021). Sin embargo, la guerra no dio tregua, ya que el año pasado se presentaron 381 personas muertas en 91 masacres en todo el país (Indepaz, 2021) y fueron asesinados 249 excombatientes de las Farc. (El tiempo, 2020)
En este contexto de recrudecimiento de las acciones bélicas, el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional a causa de la pandemia, incidió de manera importante en el incremento del reclutamiento infantil, debido al cierre de instituciones educativas, el aumento de los casos de abandono escolar y el mayor empobrecimiento de las familias que para subsistir dependen de las economías informales (Semana, 2021).
Estas circunstancias, sumadas a las condiciones de vulnerabilidad social, han hecho que miles de niños, niñas y adolescentes en Colombia cada vez estén más arrinconados contra las cuerdas, viendo como se reducen dramáticamente sus posibilidades de elegir, siendo forzados en muchas ocasiones a engrosar las filas de los ejércitos ilegales que alimentan esos eternos ciclos de violencias, que como una pesadilla interminable se reeditan una y otra vez en diferentes regiones del país.
Dentro del estrecho margen de maniobra que ofrecen los distintos escenarios sociales y presionados por la necesidad de aportar a la economía familiar, esta población tiende a vincularse desde edades tempranas en actividades productivas como la agricultura, la minería y la siembra de coca, escenarios en los que quedan muy vulnerables a los procesos de reclutamiento que diversos grupos armados adelantan en los diferentes territorios.
Esta tendencia ascendente en el reclutamiento infantil, también se ha visto reflejada en la alta demanda de menores que mensualmente ingresan en procesos de reincorporación social, procedentes de las diferentes estructuras armadas ilegales que operan en el país. De acuerdo a datos aportados en septiembre del 2020 por parte de funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), las dos únicas Casas de protección especializada ubicadas en Cali y Medellín que están en condiciones de atender a esta población, no están alcanzando a cubrir la cantidad de menores que actualmente desertan de los grupos armados o son capturados en flagrancia.
Frente a la magnitud de esta problemática, cabe preguntarse por la viabilidad social de un país, que desde la inercia de las instituciones y la indiferencia de una ciudadanía demasiado endurecida por la crudeza del conflicto, contempla en silencio como una buena parte de sus niños, niñas y adolescentes, agobiados por la ausencia de oportunidades, sucumben irremediablemente ante las presiones de la guerra.
Texto: Carlos Alberto Ossa
Bibliografía
El tiempo, (28 de diciembre de 2020). El 2020 cierra con 249 excombatientes asesinados, según Farc. Consultado en:
Instituto de estudios para el desarrollo y la paz [Indepaz].(18 de febrero de 2021). Informe de masacres en Colombia durante el 2020-2021. Consultado en: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
Semana, (12 de febrero de 2021). Por la pandemia aumento riesgo del reclutamiento forzado de menores de edad. Consultado en:
Vita,L.(29 de noviembre de 2020). La República. El covid-19 desplazó a la violencia y ya es la segunda causa de muerte en Colombia: